LUIS MIGUEL GILPEREZ PRESIDENTE DE TELEFONICA ESPAÑA
Algunos “políticos” principalmente del norte de la región, han salido a decir que los juicios ligados al pago de Telefónica a municipios no son políticos. Es increíble pero así piensan o quieren que así pensemos para embaucarnos en sus proyectos políticos.
Algo que se nos ha enseñado es que la política está hasta en la sopa. ¿Cuál es la intención política de Roger Taboada, Néstor Roque, Nelson Chui y ahora el novel Vicente Sánchez?, ¿les creemos que son respetuosos del ordenamiento jurídico y que buscan que se haga justicia? El simple ciudadano con mente limpia fácil y rápidamente se da cuenta de la intención política. Y aquellos que conocen algo de normas jurídicas saben que se cometió tremenda arbitrariedad al dictarse el mandato de detención de dos procesados en el caso José Arias, sin hacer el requerimiento respectivo y violar la ley (art. 269, tercer párrafo, del CPP). Sólo lo niegan aquellos que tienen la mente contaminada.
Pero es bueno recordar que desde el origen el asunto es político. Fujimori aplicando las directivas del Consenso de Washington privatizó las empresas públicas, dentro de ellas a Entel Perú, comprado por la Transnacional Imperialista Telefónica a precio regalado, además ¿acaso no recuerdan que nos vendían “ladrillos”? un producto que fue sacado del mercado por la Unión Europea.
Otro aspecto político a tener en cuenta es que a fines de los 90, los municipios no tenían renta alguna para hacer obras; recuérdese “la arremetida que el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori (1990-2000), la emprendió contra los municipios, despojándolos de rentas y poderes, desarticulándolos y privándolos de toda actividad y de cualquier iniciativa”* ; esto ocurrió dentro de la política de demolición del Alcalde de Lima Alberto Andrade en función de la concentración absoluta del poder.
Es en estas circunstancias que aparecen empresas ofreciendo a las Municipalidades cobrar a Telefónica por el uso de sus suelos, sin que esto acarreara ningún gasto para la entidad municipal, todo lo contrario: traerles rentas para sus obras. ¿Es legal que los municipios contraten empresas para un servicio concreto? SI, en estos momentos hay municipalidades que contratan empresas para que vean la seguridad ciudadana, la limpieza pública, la ejecución coactiva. Algunas de estas empresas cobran directamente a los usuarios.
Muchas municipalidades cañetanas contrataron a esas empresas: Chilca, Calango, San Luis, Santa Cruz de Flores, Asia, Coayllo, Lunahuaná, también el Concejo Provincial de Cañete bajo la dirección de la Señora Rufina Lévano y eso solo para mencionar en Cañete porque este asunto ocurrió a nivel nacional. De todos ellos Asia fue el que menor porcentaje pagó a la empresa: 20%, Chilca dió el 60% de lo recaudado por la empresa. ¿Hay Ley que especifique un tope? NO, ¿se puede contratar nuevamente a la misma empresa y pagarle un porcentaje mayor, así sea por el mismo servicio? Sí, y debe reflejar en el contrato los argumentos del porque se paga más, quizás por la eficiencia mostrada, por el compromiso de hacerlo en un menor tiempo posible, y tantas otras variables que se puedan tomar en cuenta.
En un principio Telefónica comenzó a pagar a algunas Municipalidades, por ejemplo a Asia; pero cuando observó la avalancha de Municipalidades que buscaban cobrarle ya no pagó y los demandó por abuso de autoridad, bajo el supuesto que lo que querían cobrar no se encontraba vigente en el TUPA (o sea Telefónica se cogió de un ardid: “como no está en tu TUPA no te pago y me río de ti”). Posteriormente Telefónica hizo lobby en el Congreso y logró que se dictara la Ley 28765 que suspendía las cobranzas coactivas con la sola presentación de la demanda y además comenzó a operar el sanbenito empresarial: de “no me cobres nada” porque si lo haces eso sería la “imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas en el mercado”**, evidentemente a favor de Telefónica. Aquí se paró en seco el pago de la transnacional imperialista Telefónica a los municipios.
Y díganme ¿acaso no es política todo lo que hemos hablado hasta aquí? Las denuncias a las autoridades también fue política, por ejemplo el caso José Arias, fue hecha por un personaje ligado a una parte de la Comunidad Campesina de Asia (sector que tiene serias contradicciones con la Alcaldía de José Arias), es un personaje no legitimado por el pueblo de Asia (quizo ser alcalde y solo sacó 38 votos, de una población electoral de 3,901 electores).
LAS MAÑAS DE LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE.
Para mayor referencia de que el tema es político vamos a señalar solo algunas ideas medulares. En los artículos del señor Nestor Roque (asesor político del Movimiento Regional La Familia) es evidente que manipula la información, cambia contextos groseramente para así enlodar a la Dra. Torres. Señala que ella estaba bien preparada en gestión Municipal y Electoral antes de la denuncia por el Caso José Arias (2002), eso es falso, basta ir a INFOgob del JNE para leer que la preparación intelectual de la Dra. Torres fue después (2008-2009) y tuvo como objetivo ganar las elecciones regionales, tal como sucedió. Pero el lado humano de Roque salió cuando señala textualmente: “Alguien podría pasar por alto una falta por neófito en gestión municipal”, si pues, eso pasó señor Roque con la Dra. Torres en el caso José Arias.
El dirigente nacional de Patria Libre, Roger Taboada, busca suspender de sus funciones a la Dra. Torres sin respetar la ley, mostrando públicamente su desesperación mercenaria por arribar al GORELI; basta recordar que el grupo político liderado por Taboada se infiltró en Patria Joven para luego pretender asaltarlo y hoy con ojos brillantes, cruzan los dedos para que Alvarado sea detenido en el caso de Lunahuaná.
Asimismo, acaba de hacer público un pronunciamiento político el novel Vicente Sánchez del Partido Confianza Perú, pidiendo que no se haga marchas porque se busca presionar a los vocales, allí le aflora la doble moral: cuando los marchantes eran los opositores allí si era válido pero cuando el respaldo era para la consejera Torres esa marcha si es espúrea; pero lo que llama la atención es que como abogado no haya leído el art. 269, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Penales que contempla la enfermedad del acusado en el Juicio Oral e incluso da pautas si este no se reincorpora cuando se haya llegado al estado de sentencia; en el caso en concreto, a la Dra. Torres aún le falta la autodefensa (art. 279) y es acá donde se ha cometido la arbitrariedad de la Sala Liquidadora de revocar la comparecencia violando la ley y señalando que no se ha cumplido con las normas de conducta (propias de la comparecencia restringida) cuando la Dra. Torres solo tenía comparecencia simple (sin restricciones. ¿Olvido de la Sala; apresuramiento en la medida; otros intereses detrás, fuera de lo jurídico?). Hay que leer e informarse Don Vicente Sánchez, antes de emitir un pronunciamiento político.
(*) GARCIA BELAUNDE, Domingo. “Estado y Municipio en el Perú”. pp.14. En: http://www.garciabelaunde.com/articulos/EstadoyMunicipio.pdf
(**) Hay muchísimas sentencias de Indecopi al respecto.
