sábado, 24 de julio de 2010

¿Una versión moderna de reforma agraria?


Por María Eugenia Yabar*

Hace 41 años, el Perú sufrió devastadoras reformas, una de ellas sino la peor, la agraria, cuyo lema “la tierra es de quien la trabaja”, justificó el arrebatamiento de la propiedad privada sin tener en cuenta las leyes que protegían al propietario. La historia nos ha enseñado que este tipo de medidas no han sido exitosas ni sostenibles a mediano ni a largo plazo.

La reforma agraria desarrollada, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo consecuencias que, 41 años más tarde, las seguimos sufriendo. La agricultura en el Perú hubiera podido ser un sector mucho más fuerte dentro de la economía peruana, de no haber sido por los casi 50 años que sufrió desde la reforma agraria, años que -como muchos analistas han demostrado- no se podrán recuperar nunca más.

Personalmente, la viví de esta manera: antes de la expropiación mi abuela desde Cusco nos enviaba sacos de distintos productos agrícolas que producía sus tierras, luego de la reforma agraria teníamos que enviarle lo mismo comprado en un supermercado de Lima. Ella era una mujer justa. A ella sus trabajadores la eligieron Madre del Año. Desde entonces esas tierras no volvieron a ser rentables ni productivas, sus actuales titulares solo sobreviven y su calidad de vida ha empeorado (en algunos casos han alquilado sus tierras).

Los peruanos debemos conocer nuestra historia para aprender de los errores que en el pasado se cometieron. La historia que no se aprende tiende a repetirse. De ahí la importancia de recordar y subrayar una vez más que la reforma agraria no era necesaria ni la solución a los problemas de ese entonces. Si había terratenientes abusivos, entonces se les debía exigir el cumplimiento de la ley correspondiente. Si la ley no era suficiente, entonces se debía hacer los ajustes correspondientes y enviar a los inspectores laborales para verificar su estricto cumplimiento.

La Comisión Permanente del Congreso revisará la próxima semana el dictamen que establece límites al tamaño de la propiedad agrícola en la costa peruana. Es decir, 41 años después de la reforma agraria, no estamos muy lejos de volver a repetir el escenario. El sentido de cuál será la verdadera situación que deberán atravesar aquellos titulares de tierras agrícolas que posean más del límite permitido es tan incierto como inseguro. Cualquier número será arbitrario, pero paradójicamente válido si está dado por ley. ¿Que pasa si durante el debate lo disminuyen a 20 ó 10 hectáreas? ¿Los actuales propietarios con ‘exceso’ serán expropiados de aquel número de hectáreas que excedan el límite? ¿Quien será a la larga el nuevo propietario? ¿Será mejor que el anterior?

Sobre el proyecto de limitar la posesión de tierras agrícolas se me vienen a la mente los siguientes comentarios:

•Muchas veces, las grandes inversiones son atraídas cuando tienen la posibilidad de acceder a grandes proyectos, los mismos que sólo pueden ser desarrollados en grandes extensiones de terreno, ya que sólo de esa forma se justifica la inversión realizada, en el sentido que al final tendrán mayor producción que ofrecerle al mercado, lo que la que la hará económica y técnicamente viable.


•La posición de dominio ni el monopolio están sancionados por el sistema legal peruano, por lo que sería inconstitucional limitarlos como el proyecto pretende.
•Lo que claramente se quiere evitar, por lo menos, es el fin que se desprende del proyecto, este es, posibles abusos de la posición de dominio. Sin embargo, esto ya se encuentra actualmente sancionado por nuestro sistema legal. De hecho, contamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, encargado de regular, controlar, fiscalizar y sancionar a aquellos que abusan de la posición de dominio con la que cuentan, por lo que sería innecesaria esta medida, sin perjuicio de los perjuicios que, tal como ocurrió con la reforma agraria, paralizaron el desarrollo del país.

No disfracemos acciones políticas con acciones sociales que ahuyentan a la inversión privada. Tenemos suficientes leyes, sólo se debe conocerlas y exigir su cumplimiento.

* María Eugenia Yabar, abogada, socia encargada del Area Corporativa en el Estudio Olaechea.

REDACCIÓN:
No comparto las opiniones de la Dra. Yábar, la reforma agraria de Velasco fue concebida para una mayor concentración de tierras en un contexto de contención de la explosividad de los campesinos; acabar con la oligarquía decadente para entregárselo al gran capital (véase el ejemplo de Dionisio Romero, hoy es el gran concentrador de tierras). Si Oscar Ramos sólo tuvo quizás 1000 hectáreas, imaginemos el límite que propone Del Castillo de 40,000 hectáreas. El proyecto de limitar implica evidentemente que ya hay capitales con más de 40,000 hectáreas, una tremenda concentración fruto de la globalización.

MEM sin respuestas a críticas en renegociación

José Carlos Reyes.

Se corren. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se rehusó a dar explicaciones sobre el decreto 039-2010-EM, que si bien permitió iniciar las renegociaciones del pago de regalías de la exportación del gas, también señalaba que el valor mínimo a pagar resultará del “promedio” de las regalías del mercado nacional, por lo que siempre habrá sectores –como el industrial y petroquímico– en los que la venta de gas generará mayores regalías que la exportación.

Ayer en horas de la mañana, tras una conferencia en la Universidad del Pacífico sobre la transparencia tributaria de las industrias extractivas, el titular del MEM, Pedro Sánchez, evadió a la prensa sin responder ninguna pregunta.

Pero dos horas más tarde y en el mismo evento, el viceministro de Energía, Daniel Cámac, intentó trasladar la responsabilidad a Perupetro. “El tema de las regalías ya está en manos de Perupetro y la renegociación es libre para ellos”, señaló escuetamente.
Pero cuando La República le recordó que Perupetro no puede negociar más allá de lo que indica la norma (trabajada en el MEM), un fastidiado Cámac dijo que no hablaría sobre el asunto.

El pasado jueves el presidente de Perupetro, Daniel Saba, reconoció que aun así la renegociación resulte exitosa el gas vendido a sectores como el industrial y petroquímico en el país seguirá pagando más regalías que la exportación.

No obstante, Saba subrayó que Perupetro sólo renegociará en base a lo establecido por el decreto del MEM emitido a inicios de julio.

Al respecto el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi criticó la flexibilidad del MEM al establecer la base de la renegociación, burlando incluso el objetivo del premier y el canciller cuando manifestaron que “no se debe subsidiar” la exportación.

“En ningún caso la regalía mínima de la exportación debe ser menor a la pagada por cualquier sector del mercado interno, y eso no se cumplió en el reciente decreto del MEM”, recalcó el especialista.

Sin voluntad política

Por su parte, desde Chimbote (Áncash), el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, reiteró su preocupación por el manejo del gobierno al encarar la renegociación del contrato.

“Si existiera voluntad política para hacer favorecer a los peruanos, este proceso no debería durar mucho tiempo, pues la cláusula más importante debe ser garantizar el abastecimiento interno y la férrea prohibición de que se exporte el gas del lote 88 de Camisea”, expresó Humala.

Reacciones

"El ministro Sánchez muestra demasiada pasividad al renegociar los contratos. Debería dar un paso al costado”.

Carlos Herrera Descalzi
Ex ministro de energía y minas


"Alan García debería anunciar en su discurso del 28 la no exportación del Lote 88. No creo que lo haga”.

Ollanta Humala
Líder del Partido Nacionalista

Marcha relámpago en defensa del gas para los peruanos

Ayer al mediodía, un grupo de jóvenes dirigentes distritales del Partido Nacionalista se vistieron con singulares disfraces para realizar la “marcha relámpago de las ratas” a lo largo de la Av. Arequipa, en protesta contra el gobierno que prioriza la exportación del gas de Camisea antes que al mercado interno.

Durante su recorrido, exigieron al presidente Alan García no exportar el gas y sanciones ejemplares a las autoridades corruptas denunciadas en este gobierno. “Estas marchas, que continuarán en distintos distritos de la capital y provincias, buscan fijar posición contra la exportación del gas y crear conciencia en la población con los casos de corrupción”, afirmó Enrique Juscamayta, coordinador de Lima Metropolitana del Partido Nacionalista.

Desastres ecológicos en la Amazonía y los Andes, ¿qué hacer desde el derecho?


Antonio Peña Jumpa
Profesor del Departamento de Derecho, máster en Ciencias Sociales y PhD in Laws

El pasado 19 de Junio del 2010 se denunció el derrame de 400 barriles de petróleo (5,000 litros aproximadamente) de una embarcación de la empresa de transportes Sanám contratada por la empresa petrolera argentina PLUS PETROL, en la región amazónica de Loreto.

El hecho trajo consigo la contaminación de las aguas del río Marañón así como la afectación de la reserva Nacional Pacaya-Samiria (una de las más grandes del Perú), con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y daños subsecuentes no previstos como enfermedades y/o muerte de personas y animales de comunidades amazónicas que se alimentan de dichas aguas y peces.

Seis días después, el 25 de Junio del mismo año, ocurre otro desastre ecológico, esta vez en los Andes: colapsa la presa que contenía cientos de toneladas de desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica, propiedad del grupo económico Raffo, los mismos que fueron a parar primero al rio Escalera, luego a los ríos Totoropampa y Opomayo, en la región de Huancavelica, y posteriormente hasta el río Cachi, en la región de Ayacucho. El hecho produjo, nuevamente, la contaminación de las aguas de los ríos citados con la consecuente muerte de peces y plantas del lugar, y enfermedades y posibles muertes de personas y animales de comunidades andinas cuyas actividades económicas agrícolas y ganaderas dependen de los ríos.

¿Qué corresponde hacer frente a estos dos hechos que como otros muestran la difícil relación entre producción minera y petrolera con la vida y el medio ambiente de comunidades o pueblos amazónicos y andinos afectados? La pregunta es más compleja si se tiene en cuenta, de un lado, que las autoridades del Estado tienen una posición muy débil o parcializada al respecto, y, de otro lado, tenemos una economía nacional dependiente de la producción y exportación de los minerales y petróleo para financiar nuestro presupuesto.

Desde el Derecho aplicable a los desastres, sugerimos las siguientes acciones:

1) Nunca olvidar la aplicación de un derecho de emergencia. Esto significa, dependiendo de la magnitud de los daños, declarar el Estado de Emergencia (la Constitución Política lo dispone bajo responsabilidad del presidente de la República) para movilizar a las autoridades políticas y a las fuerzas del orden, más allá de las acciones de seguridad previstas por la empresa involucrada, con el fin de abastecer de agua y recursos a las comunidades o pueblos afectados. Estas acciones deben coordinarse con la población damnificada organizada, dando prioridad a los ancianos, los niños y las mujeres.

2) Aplicar un derecho reparador o de indemnizaciones por los daños ocasionados. Las empresas involucradas como causantes deben garantizar un fondo de compensaciones que incluya el daño efectivo y el lucro cesante (reparación de pérdidas que se dejan de percibir) calculados por las autoridades del Estado en coordinación con los damnificados. El pago de daños a través del indicado fondo no libera de responsabilidad a las empresas involucradas por daños no estimados (daños futuros, daños a la persona y daños morales, por ejemplo), los que serían ventilados ante el Poder Judicial. Para esto último, es indispensable que las autoridades del Poder Judicial dispongan de juzgados y tribunales ad hoc para procesar legalmente los posibles reclamos.

3) Es fundamental promover un derecho sancionador a nivel administrativo y a nivel penal. De un lado, administrativamente son las autoridades del gobierno central en coordinación con las autoridades regionales las encargadas de aplicar eficientemente multas, suspensiones y/o clausuras a las empresas petroleras o mineras involucradas. Dentro de estas medidas puede exigirse la formación del fondo de compensaciones antes mencionado. De otro lado, penalmente son las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial las competentes de identificar a las personas naturales responsables por comisión u omisión de la materialización de los delitos contra la seguridad pública, contra la salud pública, contra la ecología, contra la vida el cuerpo y la salud, y contra la administración pública. Los altos funcionarios públicos y de las empresas petroleras y mineras involucradas deben dar el ejemplo sometiéndose y facilitando la investigación.

Si las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas involucradas no cumplen su misión y funciones, cabe, por último, una vía constitucional y legal alternativa o complementaria. Las comunidades damnificadas a través de sus propias autoridades pueden asumir la resolución de los conflictos por daños ambientales que hubieren ocurrido en su territorio, tal como lo faculta el artículo 149º de la Constitución Política del Perú.

La boca del cocodrilo sigue abierta


Por Humberto Campodónico

Para el gobierno y, en general, para una gran cantidad de economistas, lo más importante es si el PBI crece o no. Así, en los últimos días hemos escuchado y leído que otra vez hemos entrado a la senda del crecimiento de dos dígitos. Se habría retomado así la velocidad de crucero que hubo hasta el 2009, en que el impacto de la crisis internacional llevó a un crecimiento de solo 0.9%.

Así, ya estarían “arreglados” los problemas pues el supuesto central detrás del anuncio de un “gran” crecimiento es que éste llega a todos los peruanos, más o menos por igual. Otra forma de decir lo mismo es mencionar el crecimiento del ingreso per cápita, que consiste en dividir el PBI de un año entre los 29 millones de peruanos. Si ese ingreso per cápita sube, entonces se supone que todos estamos mejor.

Pero hay otras formas de analizar el crecimiento del PBI que proporcionan resultados no tan complacientes. Una de ellas es la medición por tipo de ingreso (el INEI ha publicado hace poco la data del 2009), que descompone el PBI en cuatro elementos: los salarios, el excedente de explotación (las ganancias), el consumo de capital fijo (la depreciación) y los impuestos pagados (IGV, renta y aranceles, principalmente).

En jerga económica, esto equivale a decir que el PBI se cuantifica a partir de los ingresos recibidos por los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de producción.

¿Cómo se han comportado los salarios en el periodo 1991-2009? Mal, porque su participación bajó del 30.1% del PBI en 1991 hasta 20.9% en el 2008 (1). En el 2009 se han recuperado un poquito, llegando al 22% del PBI. Estas cifras son bajas en relación a América Latina, donde en todos los países medianos la participación salarial está entre el 30 a 35% del PBI. Para no hablar de Europa y EEUU, donde supera el 50%.

Por el contrario, los excedentes de explotación (EE) han subido desde el 52.7% del PBI en 1991 hasta el 63% en el 2008, cayendo apenas a 62.8% en el 2009 (en el EE la participación de las empresas y de los independientes es del 52% y 11%, respectivamente). Puede decirse, entonces, que lo que han perdido los asalariados lo ha ganado el EE. Es importante ver también que, en los años de fuerte crecimiento (del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron.

La dirección contraria de estos dos elementos se asemeja a una tijera abierta o a lo que en esta columna hemos llamado la “boca del cocodrilo”, la misma que sigue bien abierta en el 2009, a pesar de la muy leve mejoría de los asalariados.

El consumo de capital fijo se ha mantenido más o menos constante en 7% del PBI en la década del 2000. De su lado, los impuestos han sido el 9.2% del PBI en promedio en el mismo periodo. Pero, ojo, en el 2009, bajaron a 8.3% del PBI, como consecuencia de la caída en la actividad económica, sobre todo la minería (estos dos elementos no aparecen en el gráfico).

Como el PBI corriente del 2009 fue S/. 392,000 millones, según el INEI, tenemos que cada 1% del PBI equivale a S/. 3,920 millones anuales. Si los asalariados bajaron su participación del 30 al 22% del PBI entre 1991 y el 2009, dejaron de percibir S/. 31,300 millones, cifra que pasaron a ganar los empleadores.

En conclusión, los asalariados son los perdedores en el periodo 1991-2009, mientras el EE ocupa –de lejos– el podio de los ganadores. Es por eso que no se puede decir tan alegremente que “la marea alta hace subir por igual a todos los botes”. En la economía peruana, la marea alta hace subir unos cuantos botes, mientras la mayor parte va para abajo.

(1) Para un análisis más detallado, ver www.cristaldemira.com, 6/4/09 y 9/11/09.