lunes, 12 de julio de 2010

DRA. LILIANA TORRES RECIBE GRADO DE MASTER EN GOBERNABILIDAD

DRA. LILIANA TORRES CASTILLO, OBTIENE GRADO Y RECONOCIMIENTO DE NOTABLES JURISTAS.



Acompañada del Dr. Francisco Miro Quesada Rada, Director del diario "El Comercio", catedrático en Ciencia Política en diversas universidades del país


El titulo conferido es MASTER EN GOBERNABILIDAD Y PROCESOS ELECTORALES, que ha sido otorgado por el Instituto Universitario de Investigación ORTEGA Y GASSET adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.





Con el Dr. Ismael Crespo, Director Académico del Instituto Ortega y Gasset, reconocido politicólogo en España, y Presidente del Tribunal de Grado


Dra. Liliana Torres, candidata a la Consejería Regional de Cañete por la organización política PATRIA JOVEN, se graduó con la tesis sustentada en un acto de Gobernanza Local, obteniendo una nota sobresaliente en su evaluacion, siendo una de las cinco graduadas de un grupo considerable que inicio sus estudios en la Escuela Electoral del Peru.Parte de la estructura curricular de estudios se han sustentado en tres campos de la ciencia política: i) Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza; ii) Administración Electoral y iii) Comunicación Política y Electoral.

Comunicado de la Pontificia Universidad Católica del Perú


Lunes, 12 de julio del 2010



Ante los comunicados publicados los días 6 y 8 de julio del 2010 en respaldo del cardenal Juan Luis Cipriani, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) declara lo siguiente:



1.- El conflicto entre el Arzobispo de Lima y la Universidad Católica no toca asuntos de Iglesia. Para el señor Cardenal se reduce a un problema con “un testamento, un patrimonio y un dinero”. Para la PUCP es un problema que compromete su autonomía y su legítimo modelo de universidad.

2.- La PUCP reitera que ha acatado lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia no manda, ni podía mandar, por la naturaleza del amparo, que la Universidad actúe según una determinada interpretación de los testamentos de don José de la Riva-Agüero. Este asunto es de competencia de la justicia ordinaria.

3.- La Universidad Católica no agravia a su Gran Canciller, el Arzobispo de Lima. En cambio, la PUCP es agraviada permanente y públicamente por el señor Cardenal y sus voceros, como puede apreciarse cotidianamente en las declaraciones suyas que aparecen en los medios de comunicación.

4.- El comunicado del 6 de julio del 2010 ha sido firmado únicamente por miembros del Arzobispado de Lima y representantes de entidades religiosas que, en su mayoría, comparten con el señor Cardenal una posición ajena al modelo de universidad tolerante y plural de la PUCP.

5.- El comunicado del 8 de julio, firmado por un grupo mayoritario de obispos, expresa, sin fundamento alguno, que habría en la Universidad “interesados en administrar la herencia de Riva Agüero de un modo distinto al que corresponde”. Esta insinuación carece de veracidad, atenta contra el espíritu de comunión católica y pasa por alto que la información económica de la Universidad es pública y está auditada por instituciones de prestigio internacional. Conviene agregar que algunos de los obispos firmantes integran la Asamblea Universitaria de la PUCP, nombrados por la Iglesia para tal propósito y, por ello, reciben puntualmente esta información. No la objetaron nunca.

6.- La PUCP confía en que pronto se restablezcan la mesura, la prudencia, el respeto mutuo y el diálogo constructivo entre todos los miembros de la Iglesia. En las circunstancias actuales, reafirma el compromiso con sus fines como institución universitaria católica, al servicio del Perú desde hace 93 años.

7.- La Universidad seguirá defendiendo su autonomía y su modelo legítimo de universidad mediante los medios jurídicos de defensa a que tiene derecho, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Lima, 12 de julio del 2010.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

El Ministerio de Energía y Minas al margen de los intereses del país


Por Humberto Campodónico
La denuncia del ex viceministro de Energía Pedro Gamio, realizada ayer en este diario, nos revela claramente que en el Ministerio de Energía y Minas no hay voluntad de defender los intereses del país.

Gamio ha mostrado la carta de Repsol fechada el 28 de febrero del 2008 y dirigida al Ministerio de Energía y Minas, en la que la empresa dice que “pone a disposición del Ministerio la posibilidad de exportar la producción de gas del Lote 57 a la que Repsol YPF pudiera tener derecho”. Agrega Gamio que el entonces ministro de Energía Juan Valdivia estaba llevando a cabo negociaciones en esa línea, las que se frustraron cuando este dejó el ministerio por el escándalo de los petroaudios.

El fondo de este importante asunto es que si los dos (2) billones de pies cúbicos (bpc; TCF, en inglés) que encontró Repsol en el Lote 57 van a la exportación, entonces buena parte de los problemas y conflictos que suscita la exportación del gas podrían solucionarse.
¿Por qué? Porque entonces los dos bpc del Lote 88 que actualmente están destinados a la exportación serían sustituidos por los dos bpc del Lote 57. De esa manera, los dos bpc del Lote 88, que fue un “regalo de Dios y que por eso tiene precios bajos, serían destinados de inmediato al mercado interno, con lo cual cesaría el actual racionamiento al cual están sometidos los industriales y toda la población. Se habría revertido así, aunque sea en parte, el brutal despojo que hoy padecemos por culpa de los gobiernos de Toledo y de García.
¿Por qué entonces el ministro Sánchez no continuó con las tratativas para que se exporte el gas del Lote 57? Eso es lo que le corresponde responder. Por el lado de Repsol, se podría decir que cuando hizo el ofrecimiento, en febrero del 2008, el precio Henry Hub del gas era de US$ 8 por millón de BTU.
Pero en agosto del 2009, cuando se da la crisis en el Perú que lleva a “renegociar” algunos temas sobre Camisea, el precio HH estaba en US$ 3.14/MMBTU, lo que habría hecho “reflexionar” a Repsol, pues tomando en cuenta el “netback” (pago de costos), entonces el precio en boca de pozo en Camisea es de solo US$ 0.50/MMBTU. Y, claro, el precio de venta en el Perú es de US$ 2/MMBTU en promedio.

Por nuestra parte, en agosto del 2009, con ocasión de una presentación en RPP, le preguntamos al viceministro Daniel Cámac cuál fue la respuesta de Repsol frente al planteamiento de que se exporte el gas del Lote 57 (el público debe saber que esta carta ya era conocida, pero no se le dio la debida importancia), el Ing. Cámac me respondió que a Repsol ya no le interesaba esa propuesta.

Lo inaudito aquí son dos cosas.
Primero, que Repsol es la empresa que le va a comprar el gas a Perú LNG para venderlo en México. Dicho de otra manera, el negocio final lo tiene Repsol “solito”, si bien participa como socio en la explotación del Lote 56 y del Lote 88 y, también, en el consorcio exportador Perú LNG. Si ellos van a hacer un “buen negocio” deberían estar interesados en exportar “su“ gas. Pero no. Ellos quieren exportar el gas del Lote 88, pero no el suyo, que sí lo quieren vender caro en el Perú.

Segundo, que el Ministerio haya aceptado tan fácilmente el cambio de posición de Repsol, cuando los intereses del país exigían –y exigen– que Repsol mantenga su compromiso. Pero no. No se le dijo nada a Repsol y, por el contrario, se le aceptó a la empresa que pueda vender su gas en el mercado interno y abastezca al gasoducto surandino. Increíble. Se le da al sur el gas caro de Repsol y no el gas regulado del Lote 88. A esto se suma el sobrecosto de US$ 7,000 millones mencionado por Gamio.

Por todos estos motivos, queda claro que el ministro Sánchez debe dar un paso al costado. Su actitud pro-empresa privada no garantiza el respeto de los derechos del país.